Prorrogan hasta fin de año la suspensión de juicios por deudas hipotecarias en la provincia
La Ley 9693 extiende por un año el freno a los procesos judiciales alcanzados por el régimen de protección vigente, incluso en causas con sentencia.
Ley 9693, promulgada por el Gobierno de Alfredo Cornejo, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de procesos judiciales relacionados con deudas hipotecarias y arraigo rural, amparados por el régimen de protección vigente. Esta ley, impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, modifica el artículo 1° de la Ley 9297, extendiendo la suspensión a todos los procesos judiciales en curso, incluso aquellos en etapa de ejecución de sentencia, paralizando así posibles desalojos, remates y cobros.
Esta prórroga se basa en el artículo 39 de la Ley 6.086, un régimen excepcional que protege desde principios de los años 2000 a deudores hipotecarios y pobladores rurales, principalmente titulares de vivienda única y puesteros, afectados por la crisis económica. Mendoza ha renovado periódicamente este esquema en busca de soluciones a largo plazo. La Ley 9693 simplemente extiende un año más el plazo de suspensión, que vencía a fines de 2025, sin ampliar los beneficiarios ni incorporar nuevos supuestos.
La Ley 6.086 (1993) creó el Programa de Promoción y Arraigo de Puesteros en Tierras No Irrigadas, buscando integrar a los habitantes de zonas áridas al desarrollo productivo provincial, facilitando el acceso a la propiedad de la tierra y suspendiendo temporalmente procesos judiciales y administrativos para regularizar situaciones dominiales. Define como "puestero" a quien ocupa y habita permanentemente la tierra, realizando actividades agropecuarias personalmente. El Ministerio de Gobierno, liderado por Natalio Mema, es responsable de la aplicación del programa.
La Ley 9297, o Ley de Arraigo de Puesteros, establece un marco de protección para familias rurales en tierras no irrigadas, especialmente en San Rafael y Malargüe. Las prórrogas mantienen suspendidos juicios, desalojos y ejecuciones contra puesteros, mientras se busca una reforma integral que brinde seguridad jurídica a largo plazo. El artículo 2° de la Ley 9693 establece la comunicación de la norma al Poder Ejecutivo para su promulgación y vigencia.
