La mortandad de cientos de pejerreyes en el Dique Cuesta del Viento, en la provincia de San Juan, abrió una dura controversia entre el gobierno provincial y la Asamblea Jáchal No Se Toca, con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) situada en el centro del conflicto.

Un informe oficial difundido por el gobierno sanjuanino atribuyó el fenómeno a una causa natural y transitoria vinculada a la falta de oxígeno en el agua. Sin embargo, la ONG sostiene una hipótesis alternativa: un posible derrame minero no informado. Para sustentar esta versión, la asamblea presentó un estudio solicitado y abonado por la propia organización al laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo, donde se realizaron análisis en diferentes puntos de la cuenca.

Ese informe técnico detectó concentraciones de arsénico (0,57 mg/L), aluminio (6,7 mg/L), cobre (0,20 mg/L) y boro (4,0 mg/L), además de trazas de mercurio y cloro total. Con esos datos, la Asamblea Jáchal No Se Toca interpretó la presencia de metales como señal de "toxicidad aguda y crónica", y vinculó la detección de hipoclorito con un presunto intento de neutralizar cianuro. En base a esta lectura, la organización presentó una denuncia en la UFI Norte por supuesto "envenenamiento de agua".

No obstante, pese a que la denuncia se apoya en el informe encargado a la casa de estudios, la UNCuyo se desligó tajantemente de cualquier interpretación que relacione sus resultados con contaminación minera o envenenamiento. Una fuente universitaria de alto rango explicó a El Diario de Cuyo que "ni el Laboratorio de Análisis Instrumental..., ni la Facultad de Ingeniería..., ni la Universidad misma, adhieren a ninguna interpretación o lectura que se esté haciendo públicamente de los datos obtenidos". La institución subrayó que su función consiste únicamente en medir y entregar resultados a quien los solicita, bajo estrictas condiciones de confidencialidad.

En paralelo, otro estudio realizado por el CIPCAMI (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial), dependiente del Gobierno de San Juan, no encontró rastros de cianuro, mercurio ni nitritos, y registró valores dentro de los parámetros habituales, consistentes con los datos históricos del embalse.

Mientras se mantienen las posiciones enfrentadas, el episodio en Cuesta del Viento continúa alimentando el debate público y jurídico en torno al impacto ambiental y al rol de los informes científicos en la interpretación de posibles riesgos para el ecosistema.