Domingo
26 de
Marzo de
1978
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Una mirada más profunda del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a las cifras sugiere que la situación financiera podría ser más delicada de lo que aparenta.
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Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un panorama fiscal marcado por la austeridad en el Sector Público Nacional (SPN) durante mayo de 2026. Los datos, que muestran una consolidación del ajuste iniciado en 2024, arrojan un superávit primario de $1,92 billones y un superávit financiero de $0,48 billones, tras un pago de intereses de deuda de $1,45 billones. Sin embargo, una mirada más profunda a las cifras sugiere que la situación financiera podría ser más delicada de lo que aparenta.
Aunque el superávit financiero del mes fue positivo, el informe de CEPA advierte sobre un "déficit financiero implícito". Al incluir los intereses capitalizados en títulos como LECAP, BONCAP y DUALES, que ascendieron a $1,74 billones en mayo, el resultado financiero se torna deficitario en $1,26 billones. Esta contabilidad revela que, desde enero de 2024, el déficit acumulado, considerando estos intereses, alcanzaría la alarmante cifra de $44,56 billones. La priorización del Tesoro Nacional por la emisión de títulos en pesos capitalizables, si bien ayuda a sortear las urgencias de corto plazo, posterga el impacto de estos compromisos financieros.
Los ingresos totales, que sumaron $14,53 billones, evidenciaron una caída interanual real del 4,1%, y del 12,6% en comparación con 2023. Esta disminución se explica por una baja generalizada en la recaudación tributaria. Solo el Impuesto sobre los Bienes Personales mostró un incremento interanual del 33,9%, aunque aún un 74% por debajo de mayo de 2023. El Impuesto a las Ganancias registró un aumento interanual del 29,5%, atribuible al ingreso de saldos de declaraciones juradas de sociedades. En contraste, la recaudación por comercio exterior, tanto en derechos de exportación como de importación, continuó contrayéndose, afectada por la reducción de retenciones y la estabilización de importaciones de bienes de consumo, junto con la caída en bienes de capital. El IVA, un indicador clave del consumo interno, sufrió un descenso interanual real del 9,5%, marcando su séptimo mes consecutivo de caída.
El gasto total del SPN se ubicó en $12,61 billones en mayo, lo que representa una reducción real interanual del 2,2%. No obstante, la contracción es mucho más pronunciada, del 31,5%, si se compara con mayo de 2023, consolidando el ajuste. Las Prestaciones Sociales, si bien se mantuvieron en los mismos niveles del año pasado, se contrajeron un 9,7% respecto a mayo de 2023, con aumentos puntuales en Asignación Universal para Protección Social y Prestaciones del INSSJP que no lograron compensar las caídas en otros componentes como jubilaciones y pensiones. Programas sociales clave como Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar han visto sus montos congelados o reducidos, afectando el poder adquisitivo de los beneficiarios.
El presupuesto de las Universidades Nacionales mostró un incremento interanual del 78,5% debido a la regularización de un desfase contable en salarios, pero el acumulado de los primeros cinco meses sigue mostrando una contracción del 10,9% respecto a 2023. La judicialización del financiamiento universitario, con un recurso extraordinario presentado por el Gobierno ante la Corte Suprema, añade incertidumbre a la situación de estas instituciones.
Los subsidios, en particular los energéticos y de transporte, experimentaron una drástica disminución real del 74,7% respecto a mayo de 2023. La suspensión de compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE ha provocado un recorte de $926.804 millones constantes de mayo de 2026, un ajuste que, según el informe, es 1,7 veces la pérdida de recaudación por la reducción de retenciones.
La inversión en obra pública sigue sin recuperarse, mostrando una caída interanual real del 84% respecto a mayo de 2023. Los gastos de funcionamiento también se mantienen en ajuste, con una reducción del 24,4% respecto al mismo mes de 2023, impulsada principalmente por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de la administración pública.
A pesar de que el FMI flexibilizó las metas fiscales para junio de 2026, el Gobierno aún enfrenta el desafío de aumentar el superávit en al menos $4,23 billones para cumplir con la meta anual de $16,26 billones. El informe proyecta un superávit fiscal de $12,03 billones al cierre de 2026, lo que indica que el camino hacia el cumplimiento de los objetivos con el organismo internacional sigue siendo empinado y requerirá esfuerzos adicionales en los próximos meses.
En síntesis, el informe de CEPA pinta un panorama de profunda austeridad y ajuste fiscal en Argentina, con caídas significativas en ingresos y gastos. Si bien se observan superávits primarios y financieros, la presencia de un "déficit financiero implícito" y la necesidad de cumplir con las exigentes metas del FMI sugieren que la situación económica del país continúa bajo una presión considerable.
